La fusión de las cadenas de farmacias
Inkafarma y Mifarma tiene como
resultante que el grupo Intercorp se haya hecho del 95% del mercado de cadenas
de farmacias y boticas, del 80% del mercado de drugstores, y del 65% del mercado de venta de medicamentos en el
Perú. Es decir, es prácticamente un monopolio
en sus mercados específicos, y un operador superdominante en la venta de
fármacos, que actuará –aprovechando de este poder de mercado- como un depredador, subiendo los precios de los
medicamentos a su antojo, afectando con esto el bienestar de los consumidores;
y con prácticas predatorias respecto de las 9,155 pequeñas farmacias y boticas
independientes para arrebatarles el 35% de cuota de mercado que tienen todavía. Esta operación de concentración de empresas –
muy lesiva al interés económico de los consumidores y a la libre competencia- no se habría concretado si estuviera vigente
en el país una Ley Antimonopolios.
Precisamente, nosotros presentamos el 3 de octubre del 2016 (hace 15
meses), el Proyecto de Ley 353/2016-CR,
sobre Control Previo de Fusiones, Adquisiciones o Concentraciones Empresariales
para Cautelar la Libre Competencia y el Bienestar de los Consumidores, que
dicho sea de paso, es la única iniciativa legislativa presentada en el actual
período congresal, sobre esta materia. Sin embargo, la Comisión de Defensa del
Consumidor, presidida por los fujimoristas, no lo dictaminó hasta hoy; y la Comisión de Economía –presidida en ese
entonces por la señora Mercedes Aráoz- mandó el Proyecto “ad kalendas graecas” (a las calendas griegas), es decir, para que
no se vea nunca, formando para el efecto un grupo de trabajo presidido por el
señor Jorge Del Castillo, que al cabo de un año, exhibe un anteproyecto
inviable y poco original. ¿Cuál es el
resultado de estas maniobras deliberadamente dilatorias a las que nos
tiene acostumbrados el Congreso? : Que los grupos económicos siguen haciendo de
las suyas para maximizar sus ganancias, y en este caso particular, se va a
perjudicar la economía de 32 millones de peruanos, que consumen medicamentos,
porque no hay una Ley que impida esta concentración grosera y
crematística, pudiendo haberla habido,
si es que la mayoría que controla el Congreso legislara a favor del pueblo, y
no de las grandes empresas.
La recurrente concertación de precios en que incurrían
las cadenas de farmacias que se han fusionado, por ejemplo, las detectadas por
Indecopi en los años 2008 y 2009, ya no serán necesarias, porque –con la
fusión- harán a la luz del día, y con impunidad, estos contubernios. Los abusos
que estas farmacias cometían antes de la fusión, tales como redondeo de precios
a su favor, venta ínfima de genéricos, venta de medicamentos vencidos etc, se
multiplicarán de modo exponencial, cuando sean un cuasi monopolio.
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