Acción
Popular renunció en diciembre, seguida luego por tres Bancadas.
Presidencia
no debe tenerla fujimorismo, y debe haber un miembro por cada grupo político.
El
congresista Yonhy Lescano, ha reiterado su pedido a la Junta de Portavoces, al
Presidente del Congreso, y a la propia Comisión de Ética, para que este grupo
de trabajo sea reorganizado totalmente. Dicho pedido ha sido requerido por
escrito en múltiples oportunidades desde diciembre pasado en que Lescano
renunció a la indicada Comisión, seguido después por los representantes de tres
bancadas parlamentarias (PPK, APP y Frente Amplio) por el irregular “blindaje” que realizaba el grupo fujimorista a
favor de sus congresistas que habían incurrido en inconductas graves tales como
la presunta comisión de delitos, falsificación de documentos, incumplimiento de
sentencias judiciales, obstrucción de diligencias fiscales etc, a quienes
archivaban sus expedientes, una y otra vez, abusando del hecho de ejercer la
presidencia de la Comisión y tener la mayoría. Ante este estado anómalo de
cosas, fue el mencionado parlamentario de Acción Popular, quien solicitó
repetidamente la reorganización de la Comisión de Ética para que el grupo
Fuerza Popular deje de presidirla, y los miembros sean uno por cada bancada
parlamentaria.
Hay
que recordar que hace casi un año (mayo del 2017), renunció su primer
Presidente, el congresista fujimorista Segundo Tapia, porque ya entonces la
abusiva política del “blindaje”, causaba problemas inclusive en el
Pleno del Congreso, cuando se discutían los informes de esta Comisión. A ello
siguió, la renuncia irrevocable del segundo presidente de la Comisión, Juan
Carlos Gonzáles, el 04 de abril pasado, luego de que en la sesión del 02 de
abril, nuevamente la bancada fujimorista, ciega y sorda a los indicios y
pruebas, y al clamor ciudadano, archivó el expediente de la congresista Yesenia
Ponce por falsificación de documentos y pruebas falsas sobre sus estudios
secundarios, y archivó también –de plano, sin siquiera abrir una indagación- el
caso de los congresistas Salgado, Becerril y Bartra, que habían obstruido el 07
de diciembre del año pasado la diligencia de allanamiento dirigida por el
Fiscal José Domingo Pérez, en dos locales de Fuerza Popular, ordenada por una
resolución judicial.
El
grupo fujimorista, en la última sesión de Etica del 02 de abril, votó los archivos
mencionados, inclusive en violación del compromiso de la Junta de Portavoces,
de no discutir esos temas, sino únicamente el caso de los denominados “mamanivideos”, por lo que tales archivos deben ser
declarados nulos, en su oportunidad.
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