Los
males cardiacos, el cáncer, obesidad y otros, son un problema de salud pública
que debe ser tomado en cuenta por las autoridades con acciones rápidas y
responsables. Los males referidos suceden por la mala alimentación y se han incrementado durante los últimos años sin que
existan leyes que puedan ayudar a tomar medidas para evitarlos.
Este
jueves se cumplirán cinco años desde que la Ley
de Alimentación Saludable (30021) se publicó en mayo del
2013. Esta ley está solo en papeles y, por tanto, no se puede poner en
práctica. El ex presidente Pedro Pablo
Kuczynski, cuatro años más tarde, emitió el 17 de junio del 2017, el tan reclamado
reglamento de la Ley de
Alimentación Saludable. Desde ese entonces, para beneficio de las
grandes empresas, el fujimorismo ha intentado modificar y derogar la mencionada
ley.
El día de ayer en
la comisión de defensa al consumidor, con maniobras, se colocó como primer tema
de agenda un dictamen de insistencia, que persigue dejar sin efecto la ley de
alimentación saludable, eliminando los octógonos de advertencia alto en azúcar,
alto en grasa y alto en sodio. Se pretende reemplazar esto por el llamado
semáforo nutricional que nadie lo entiende y que ya se encuentran en los
envases de los alimentos industriales sin que haya cuidado en la salud de los
peruanos. En este sentido, no se han aceptado las observaciones hechas no solo
por el Poder Ejecutivo, sino también por organizaciones institucionales como la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud,
profesionales y especialistas que hacen serios reparos al semáforo nutricional
y consideran un atentado la eliminación de los octógonos de advertencia
mencionados líneas antes.
Como se dijo, se
puso como primer punto de la sesión del día esta ley, habiendo estado en quinto
lugar, el presidente de la comisión de defensa al consumidor adelantó el tema y
casi sin debatir lo votó con asistencia de congresistas fujimoristas que luego
de votar a favor de las grandes empresas, se retiraron de la comisión. Eso
demuestra que hubo un lobby descarado para favorecer a los intereses económicos
y no la salud de los peruanos.
El siguiente paso será debatir
este importante tema en el pleno del congreso que tendrá la última palabra. Es necesario agregar que es irresponsable ignorar las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, quienes ya han advertido en
muchas oportunidades lo nocivo que podría ser que la ley de alimentación
saludable se modifique porque atentaría contra la salud pública, contra los
niños y contra la población peruana que padece de males mencionados líneas
antes. Estamos advertidos, ya sabemos que el fujimorismo legisla a favor de
intereses privados y no a favor de los grandes intereses nacionales.
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