La indicada Ley perjudica
a más de 700 mil trabajadores estatales
pues les recorta una serie de derechos, entre ellos el derecho a la negociación
colectiva; interfiere indebidamente con la función jurisdiccional de los
jueces; atropella el carácter irrenunciable de los derechos laborales de los
trabajadores, entre varios despropósitos. Por esta razón la demanda promovida
por 36 parlamentarios a iniciativa del congresista Yonhy Lescano busca que esta
norma sea expulsada del Sistema Jurídico.
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