13 jul. 2018

Justicia atrapada sin salida



Este domingo, a través de denuncias realizadas en distintos medios de comunicación, por audios publicados en el portal web de IDL Reporteros, la opinión pública pudo constatar cómo funciona la justicia en nuestro país. Magistrados del CNM como Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez, demuestran cómo se cometen delitos en los procesos de selección y nombramiento de jueces, bajo el tráfico de influencias, y la manipulación de sentencias en diversos casos.

Sin embargo, no es lo único que desata indignación y el estupor de la población. En los audios se escucha al propio César Hinostroza, Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, negociando la reducción o absolución de la pena para un acusado por violación a una niña de 11 años. El CNM está proyectando carencia de valores éticos que arrastran desde hace muchos años. No hay credibilidad, en el Gobierno, el Congreso, Poder Judicial, ni en el CNM. La corrupción ha trepado a todas las esferas y escalas y debemos ser enfáticos en erradicarla. El Congreso de la República, a quien el presidente Vizcarra ha exhortado aplicar el artículo 157 de la Constitución Política, quiere dilatar el proceso tramitando acusaciones constitucionales y reformas que se vienen discutiendo en la comisión de constitución.

Nosotros, dada la gravedad de las denuncias, hemos presentado una moción de orden del día que pide convocar a sesión del pleno de manera inmediata con la finalidad de remover del cargo a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por la crisis severa de esta institución. Tienen que irse todos, porque no podemos seguir siendo contemplativos y actuar con decisiones tibias que no constituyan cambios sustanciales. La moción pide que se aplique el artículo 157° de la Constitución Política, ya que estos delitos graves afectan profundamente todo el sistema de justicia en el Perú.

Los ciudadanos están cansados de pedirle justicia a las autoridades, porque con un sistema corrupto e indolente a la realidad no podemos seguir construyendo nuestro país.

Por último, es preocupante que hayan sido intervenidas las oficinas de IDL para incautar el material de investigación donde aparecen más audios que prueban otros actos de corrupción. Más bien, se debió pedir la información al referido instituto para comenzar las investigaciones y permitir que sigan las difusiones de los audios, porque al Perú le importa saber la alta corrupción que debe ser extirpada del país.

Yonhy Lescano Ancieta

28 jun. 2018

Se ponen el parche.



El último jueves, congresistas de diferentes bancadas, firmamos la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la Ley Mordaza que prohíbe al Estado contratar con medios de comunicación privados. Esta ley vulnera los derechos de contratación e información que tiene todo ciudadano y las instituciones. Entonces, era previsible que el Tribunal Constitucional admita a trámite la demanda, ya que es claro que esa ley viola derechos ciudadanos y de las mismas instituciones.

La norma trae consigo amordazar a la prensa y no cuidar los recursos del Estado. No nos olvidemos que el fujimorismo, en la década de los 90 del siglo pasado, compró a la prensa con dinero entregado por Montesinos. Por ello, no tienen vocación de respetar los derechos ciudadanos y menos de cuidar el dinero del Estado, porque la corrupción en su época fue galopante. Además, recordemos que el presidente del congreso, Luis Galarreta, afirmó durante un viaje en Chimbote que se aprobaría esta ley para los medios ‘mermeleros.’ Con lo dicho por Galarreta, se prueba que la ley era una revancha contra la prensa por las denuncias que hacían del mal manejo económico y abusivo en el Congreso.

Dos congresistas fujimoristas, a dos semanas de aprobada la ley mordaza, anuncian la presentación de nuevas propuestas legislativas para modificar la ley mordaza. Con esto reconocen que la ley que ellos aprobaron es inconstitucional y perjudicial para el Perú. Pero no son las únicos que parecen haber cambiado de opinión repentinamente. Otros legisladores de Fuerza Popular, también han expresado que están inconformes con esta nueva ley promulgada, justificando ahora que las pequeñas estaciones de radio en regiones se están perjudicando.


Es decir, Fuerza Popular ha retrocedido, son inconsecuentes entre lo que dicen y lo que hacen, votan a favor, en bloque, pero no por convicción sino por obligación impuesta por su lideresa, Keiko Fujimori. Estas nuevas propuestas legislativas, demuestran que se han dado cuenta –ya muy tarde- de que es una ley que perjudica y desfavorece el bienestar del país. Los fujimoristas son conscientes también de que el Tribunal Constitucional declarará fundada la demanda y derogará la ley, lo cual demostrará, una vez más, que hacen leyes inconstitucionales y que no respetan los derechos humanos.

Hoy, bajo la dictadura de la coalición fujiaprista, se está manejando el congreso de manera arbitraria y prepotente. Lamentablemente, no se rectificarán. Lo único que queda es seguir luchando por una sociedad democrática y justa; además de cortar con una dictadura que pretende regresar.