El presidente Kuczynski tiene que responder
ante la justicia por los presuntos delitos que ha cometido, cuando era ministro
y premier de Toledo, no sólo por los contratos de la Interoceánica, sino
también por los contratos del gas de Camisea. También debe responder por el
aprovechamiento que hizo –en esa época-
de sus altos cargos para conseguir contratos de asesoría con Odebrecht a
favor de empresas vinculadas a él tales como First Capital y Westfield Capital,
en flagrante violación del artículo 126 de la Constitución que prohíbe a los
ministros ser gestores de intereses propios o de terceros o ejercer actividad
lucrativa. Esto debe ocurrir, en la Comisión Lavajato y en el Ministerio
Público. Pero, es violatorio de la Constitución, que se busque acelerar
irregularmente el proceso, dando cuenta de la moción de vacancia y votando su
admisión a debate el mismo día, y que todo el proceso se quiera hacer ¡en seis
días! cuando para un ministro, en una interpelación, el proceso dura varias
semanas. Lo que se busca en realidad, es
tomar el poder, dar un golpe parlamentario, abusando de los 71 votos con los
que cuenta la bancada fujimorista. Su
abuso de poder ya se ha visto en la falsa acusación al Fiscal de la Nación y a
miembros del Tribunal Constitucional para destituirlos, y en la obstrucción que hicieron en la
diligencia de allanamiento del Ministerio Público ordenada por un juez, a sus
locales partidarios, para evitar la investigación a Keiko Fujimori. Han
amordazado a su propia bancada sacando una resolución legislativa que les impide
renunciar, que el Tribunal Constitucional derogó, pero que la “mototaxi” sin
pudor ha violado, sacando otra resolución írrita.
Este partido, mostrando una vez más su vocación golpista, intenta ahora un
segundo zarpazo al Estado de Derecho (el primero fue el autogolpe de 1992), por
la vía de querer vacar al Presidente usando como arma una simple carta de la
empresa corrupta Odebrecht a la que le quiere dar valor de prueba plena,
enviada “convenientemente” en tiempo record a la señora Rosa Bartra, y hecha
pública por ésta al día siguiente de recibida (el 13 de diciembre), para
inmediatamente, el jueves 14 –jugando en pared con la mesa directiva que
controla el fujimorismo- declarar, en
“sesión permanente” al Pleno, y casi simultáneamente, el mismo día 14, salir con su bancada para emplazar
indebidamente al Presidente a que
renuncie ese mismo día bajo amenaza de vacarlo; y a renglón seguido –como ya se
dijo- presentar y dar cuenta de una
írrita moción de vacancia el viernes 15 en el Pleno, y ese mismo día aprobar la
admisión a debate de la moción y fijar fecha para actuar y votar la vacancia
este jueves 21. ¡Todo en seis días! Esto demuestra, que en realidad, no les
interesa sancionar la supuesta “incapacidad moral”, sino tomar el poder para
quedarse muchos años al estilo de la primera dictadura de Fujimori.
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