27 mar. 2013

JUEZ PROVISIONAL CON TRES SANCIONES E INVESTIGADO POR LA OCMA PERDONA DEUDA DE S/. 1 600 MILLONES A TELEFÓNICA

Parlamentarios pedirán que sea sancionado y separado del Poder Judicial


El 2011 ya había emitido medida cautelar favorable a empresa

El congresista Yonhy Lescano, miembro titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, declaró que un grupo de parlamentarios pedirán ante el Poder Judicial que el juez del octavo juzgado transitorio en lo contencioso administrativo de Lima Carlos Cueva Andaviza , sea sancionado y separado del Poder Judicial, por haber emitido un fallo prevaricador a favor de la empresa Telefónica en el juicio sobre la deuda tributaria de más de S/. 2 300 millones que mantiene esta empresa con la SUNAT, y que está impaga desde los años 2001 y 2002, puesto que su trayectoria plagada de sanciones por inconductas funcionales, son indicativos manifiestos de que ha actuado con dolo. Ya el año 2011, había otorgado en circunstancias extrañas una medida cautelar a favor de la indicada empresa que le impedía a la SUNAT cobrarle más de S/l. 1 000 millones, por lo que se le inició una investigación más en la OCMA. Lo sorprendente es que no se la haya separado de este caso, desde entonces.

El parlamentario lamentó que por causa de algunos malos jueces, el monopolio español incumpla sistemáticamente con el pago de sus obligaciones tributarias y sus multas, porque su estrategia hace años es judicializar todos estos cobros para dilatarlos y no pagarlos, como vuelve a ocurrir una vez más.

Es inexplicable que el juez haya rechazado las pruebas de la SUNAT sobre la simulación de acreencias incobrables que realiza esta empresa, puesto que estos graves hechos los realiza hace años, al punto que actualmente hay una denuncia penal contra sus directivos ante el Ministerio Público por defraudación tributaria en perjuicio del Estado Peruano, precisamente por simular acreencias incobrables usando para el efecto una relación extensa de empresas que ya no existen, que en realidad eran sus agencias autorizadas.

Lescano señaló que confía que este fallo vergonzoso sea revocado por la segunda instancia, para que el Estado Peruano pueda cobrar los impuestos que esta empresa en base a subterfugios contables se niega a pagar desde hace más de once años.

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