Favoreció a Lidercón, en lugar de aplicar el
control difuso, porque Constitución prohíbe creación de monopolios por ley
En
el colmo , empresa amenaza a Estado Peruano con demandarlo ante el CIADI
El
congresista Yonhy Lescano, miembro titular de la Comisión de Defensa del
Consumidor del Parlamento declaró que la sentencia del juez del 15° juzgado
civil-comercial que favorece a la empresa Lidercon y ordena que el Municipio de
Lima cumpla con el contrato de concesión original otorgado por el Municipio de
Lima para que dicha empresa realice con exclusividad las revisiones técnicas,
es prevaricadora, por cuanto incumple con la obligación constitucional de los
jueces de realizar el control difuso de las normas. En efecto, el artículo 138 de la Carta Magna
ordena que “(…) en todo proceso, de
existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los
jueces prefieren la primera (…)”. En este caso el juez debió preferir y hacer prevalecer el artículo 61 de la
Constitución que prohíbe la creación de monopolios por ley, cosa que hizo el
Municipio de Lima (en la gestión de Luis Castañeda) cuando el año 2004 aprobó
mediante la Ordenanza Municipal 694 el
contrato de concesión en monopolio con la empresa Lidercón, más aún cuando dicho Concejo Metropolitano
después, corrigió su propio entuerto derogando la indicada Ordenanza y
declarando la caducidad del contrato. El
juez, no debió hacer prevalecer un laudo arbitral espúreo sobre la
Constitución.
Lescano
agregó que el fallo judicial incurre en el exceso adicional de ordenar al
Municipio de Lima cumplir totalmente con el contrato de concesión original,
cuando ese no fue el pedido de la demanda, sino simplemente, ejecutar el laudo
arbitral. Esto hace nula la sentencia.
El
parlamentario rechazó la amenaza de la empresa Lidercon de demandar al Estado
Peruano ante el CIADI, calificándola de un “desparpajo” tratándose de una
empresa que ha sido varias veces sancionada por Indecopi por el pésimo servicio
de revisiones técnicas que brinda, y por sus recurrentes incumplimientos al
contrato.
Tiene
confianza en que el Poder Judicial, en
segunda instancia, revoque la sentencia prevaricadora, y que la OCMA investigue
y sancione al mal juez. Por su parte, hará citar a la alcaldesa al Congreso,
para que informe sobre esta situación.
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