9 dic. 2013

DICTAMEN DE LEY UNIVERSITARIA PERMITE LUCRO EN UNIVERSIDADES, SUELDOS POBRES DE DOCENTES Y NO CORRIGE BAJA CALIDAD EDUCATIVA

 Superintendencia sólo le cambia nombre a Asamblea Nacional de Rectores

El congresista Yonhy Lescano, miembro  titular de la Comisión de  Educación del Parlamento declaró que el dictamen sobre la nueva Ley Universitaria que ha aprobado la mayoría de este grupo de trabajo está repleto de gruesos errores y contradicciones, tales como  continuar permitiendo el lucro en las universidades privadas, que convirtió a la educación superior en un simple negocio ocasionando  la pauperización de la calidad universitaria en los últimos 17 años con la creación de decenas de falsas universidades privadas que tienen en conjunto cientos de miles de estudiantes que son estafados con una educación de muy bajo nivel. Se debió derogar  el Decreto Legislativo 882  causante de estas distorsiones; pero se ha hecho todo lo contrario. Ni siquiera se aprovechó la experiencia chilena donde, precisamente se destituyó a un ministro de educación por no haber hecho nada para impedir que las universidades en aquél país se dedicaran a lucrar a expensas de los alumnos. Tampoco se aprendió de las experiencias lamentables en el Perú, como el caso  de una universidad privada, donde un rector se  autoasignó el sueldo mensual de más de dos millones de nuevos soles, mientras al mismo tiempo muchos profesores ganaban S/. 2 000 mensuales.

Lescano dijo que la educación superior privada debe darse sólo bajo la modalidad de asociaciones privadas sin fines de lucro. Esta figura es la que mejor ha funcionado en el  país, donde las universidades más reconocidas como son la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, y la Cayetano Heredia, son precisamente universidades asociativas.

En ningún artículo del texto del dictamen se defiende los derechos de los estudiantes a tener pensiones con montos razonables, lo mismo que los montos de los demás cobros administrativos. Tampoco se dice nada sobre un sistema remuneratorio más equitativo para los docentes.

Se incluyen normas absurdas como la establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final (DCTF) que dice que a la entrada en vigencia de la nueva Ley  cesa en sus funciones la Asamblea Universitaria  de cada universidad pública, lo que vulnera la autonomía de gobierno que consagra el artículo 18 de la Constitución. También está  la Sétima DCTF que dispone que si las universidades no acreditan sus facultades o carreras profesionales en el plazo de  siete años, se cancela su autorización de funcionamiento. ¿Cómo quedarán en este supuesto sus estudiantes, profesores y trabajadores? El dictamen no dice nada.

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