21 sept. 2013

PODER JUDICIAL BLINDA A ALAN GARCÍA INTERFIRIENDO CON MEGACOMISIÓN

Acción de amparo a favor de ex Presidente viola separación de poderes y consagra impunidad

Fallo de juez debilita lucha contra la corrupción.  Lescano pedirá reunión de Junta de Portavoces para evaluar caso.

El congresista Yonhy Lescano, miembro titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento,  señaló que la sentencia judicial que declara fundada la acción de amparo presentada por el ex presidente Alan García contra las investigaciones de la Megacomisión, viola flagrantemente el principio constitucional de separación de poderes, puesto que el Poder Judicial en ningún caso puede interferir con las funciones de una comisión investigadora del Parlamento, menos aun cuando está en pleno proceso de la realización de su trabajo. Lo que se está haciendo es obstaculizar una investigación bajo el pretexto de haberse violentado el debido proceso y el derecho de defensa, lo que no ha sucedido en ninguna de las sesiones del grupo de trabajo que indaga las presuntas irregularidades en la gestión aprista. Lescano dijo que no es cierto que no se notificó al ex presidente; de otro lado, mal puede en ningún caso haberse violado su derecho de defensa, si no sólo estuvo acompañado de su abogado las dos veces que concurrió a la indicada comisión, sino además lo acompañaron los parlamentarios de su bancada.


Lescano señaló que el Consejo de la Magistratura debe evaluar la idoneidad del juez Hugo Velásquez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, cuya conducta prevaricadora desprestigia al Poder Judicial;  y la OCMA debe iniciar una investigación de oficio contra él, por inconducta funcional, al haberse prestado a una maniobra claramente política, que no tiene nada que ver con la recta administración de justicia, pues se pretende anular los hallazgos de la Megacomisión en temas tales como los colegios emblemáticos, el programa Agua para Todos, los narcoindultos, BTR, en donde hay graves indicios de corrupción al más alto nivel, y desaparición dolosa de pruebas por altos funcionarios del gobierno anterior.

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